La autoridad municipal respaldó las acciones encaminadas a recuperar vehículos con reporte de robo, detectar armas relacionadas con conductas ilícitas, localizar a personas requeridas por la autoridad y prevenir el uso de unidades para la comisión de delitos.
Para miles de familias de San Quintín, contar con un vehículo no representa un lujo, sino una herramienta indispensable para trabajar, llevar a sus hijas e hijos a la escuela, acudir a servicios de salud y recorrer las grandes distancias que existen entre las comunidades del municipio.
Ante los recientes operativos de revisión vehicular realizados sobre la carretera Transpeninsular, como parte de acciones interinstitucionales encabezadas por las autoridades competentes en materia de seguridad y de la vía federal, el Gobierno Municipal señaló la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad, la legalidad y la realidad social de las familias sanquintinenses.
La autoridad municipal respaldó las acciones encaminadas a recuperar vehículos con reporte de robo, detectar armas relacionadas con conductas ilícitas, localizar a personas requeridas por la autoridad y prevenir el uso de unidades para la comisión de delitos.
Sin embargo, también destacó que las instituciones deben distinguir entre delincuencia y vulnerabilidad social, particularmente en un municipio donde la movilidad es una necesidad y durante años ha existido una cobertura insuficiente de transporte público.
En este contexto, se subrayó que la pobreza no puede criminalizarse. Una familia trabajadora que enfrenta irregularidades en la documentación de su vehículo, cuando no existe reporte de robo ni indicios de una conducta delictiva, no debe ser tratada como delincuente.
Muchas personas han tenido que resolver sus necesidades de transporte con los recursos disponibles, incluso adquiriendo vehículos para trasladarse a sus centros de trabajo, llevar a sus familias a la escuela o acceder a servicios básicos. En otros casos, pueden existir dificultades documentales o desconocimiento sobre los procedimientos que corresponden a cada situación.
Cada caso, se señaló, debe analizarse conforme a sus circunstancias particulares y a lo establecido por la ley.
Al mismo tiempo, la necesidad social no puede utilizarse para justificar un delito. Los vehículos con reporte de robo deben ser recuperados, las unidades relacionadas con hechos ilícitos deben ser investigadas, las armas cuya posesión o portación sea ilegal deben asegurarse conforme a la legislación vigente y las personas requeridas por alguna autoridad deben ser puestas a disposición de las instancias correspondientes.
El planteamiento busca dejar claro que seguridad y justicia no son conceptos opuestos. No se trata de criminalizar la pobreza ni de confundir una necesidad con impunidad, sino de garantizar que la actuación de las autoridades se base en hechos, en la ley y en criterios objetivos, evitando prejuicios o estigmas relacionados con la condición económica de las personas.
En los casos donde existan problemas documentales, pueden existir procedimientos o alternativas legales, dependiendo de las características de cada vehículo y de la documentación disponible. Por ello, el Gobierno Municipal señaló que continuará orientando a las familias sobre las instancias competentes y gestionando, dentro de sus atribuciones, alternativas que respondan a la realidad de San Quintín, sin generar falsas expectativas ni ofrecer soluciones fuera de sus facultades.
La seguridad, se enfatizó, debe proteger a todas y todos por igual.
En San Quintín, donde miles de familias dependen de un vehículo para desarrollar su vida cotidiana, el reto consiste en fortalecer la seguridad sin perder de vista la realidad social de las comunidades.
Porque combatir el delito y atender las necesidades de la población pueden formar parte de una misma responsabilidad: construir instituciones firmes frente a la delincuencia, pero también sensibles y respetuosas de la dignidad de las personas.
