Los derechos deberían ser una contraprestación clara y directa por un servicio específico, pero en San Quintín se han convertido en una carga más para la población.
La Ley de Ingresos municipal de San Quintín establece con claridad de dónde proviene el dinero público, pero la realidad cotidiana evidencia una profunda desconexión entre lo que se recauda y lo que la ciudadanía recibe a cambio, generando una percepción generalizada de ineficiencia, abandono y falta de responsabilidad por parte de los funcionarios municipales.
Los ingresos propios del municipio, como el impuesto predial y los derechos por servicios y licencias, representan la base financiera para garantizar servicios públicos dignos, sin embargo, basta recorrer colonias y comunidades para constatar que alumbrado deficiente, calles sin pavimentar, recolección irregular de basura y espacios públicos deteriorados siguen siendo parte del paisaje diario.
El impuesto predial es presentado oficialmente como un instrumento para fortalecer infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida, pero en los hechos, los contribuyentes difícilmente ven reflejado su pago en calles transitables, parques cuidados o servicios eficientes, lo que alimenta la desconfianza y el desinterés por cumplir con esta obligación fiscal.
Se insiste en que los recursos del predial deben destinarse a alumbrado público, pavimentación, seguridad y mantenimiento urbano, no obstante, la falta de planeación, la improvisación administrativa y el uso discrecional del presupuesto hacen que estos objetivos se queden en el discurso y no en resultados palpables.
En el caso de los derechos municipales, la situación no es distinta, los ciudadanos pagan por licencias, permisos, servicios de limpia, uso de espacios públicos y diversos trámites, pero enfrentan procesos lentos, atención deficiente y servicios que no justifican el costo que se les impone.
Los derechos deberían ser una contraprestación clara y directa por un servicio específico, pero en San Quintín se han convertido en una carga más para la población, sin que exista una mejora visible en mercados, panteones, vialidades, alumbrado o en la regulación del comercio y la construcción.
A esto se suma la percepción de que gran parte de los recursos se diluye en gastos administrativos, nóminas infladas, decisiones poco transparentes y prioridades alejadas de las verdaderas necesidades comunitarias, mientras las colonias siguen esperando obras básicas y servicios funcionales.
La Ley de Ingresos no es el problema en sí misma, el problema es la forma en que se ejecuta, se administra y se justifica ante la ciudadanía, ya que sin rendición de cuentas, sin evaluación de resultados y sin participación social, cualquier esquema de recaudación pierde legitimidad.
San Quintín no necesita cobrar más, necesita usar mejor lo que ya recauda, con una visión de largo plazo, criterios técnicos y un compromiso real con el bienestar colectivo, dejando de ver los ingresos municipales como una caja chica política y asumiéndolos como una herramienta para el desarrollo local.
Mientras no exista una gestión eficiente, transparente y orientada al servicio público, la Ley de Ingresos seguirá siendo, para muchos ciudadanos, un recordatorio de que cumplen con sus obligaciones, pero el gobierno municipal no cumple con las suyas.
