Un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) dejó al descubierto una alarmante situación de maltrato animal en el albergue “Ellos son la Razón” A.C., donde más de 300 perros vivían en condiciones deplorables, rodeados de suciedad, enfermedades y hacinamiento extremo.
El cateo, autorizado por orden judicial y realizado en coordinación con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ensenada, fue resultado de diversas denuncias ciudadanas que alertaron sobre el estado crítico en que se encontraban los animales.
Durante la inspección, personal especializado en protección animal, médicos veterinarios y autoridades municipales constataron un panorama desolador: perros enfermos, altos niveles de insalubridad, mortandad de cachorros y espacios completamente saturados, eterinarios identificaron casos de moquillo, cáncer, infecciones severas y problemas dermatológicos, lo que obliga a tratamientos intensivos e incluso, en casos extremos, a eutanasias humanitarias para evitar sufrimiento innecesario.
“Estamos hablando de una situación que vulnera gravemente el bienestar animal y representa un riesgo para la salud pública”, señaló la fiscal especializada en delitos ambientales y contra los animales, Ilse Carolina Vázquez Maldonado, informó que existen dos carpetas de investigación abiertas por este caso, una iniciada en 2024 y otra en 2025, lo que evidencia la persistencia del problema pese a las quejas ciudadanas.
Los animales fueron asegurados y puestos bajo atención clínica inmediata, médicos veterinarios como Norma Olimpia Guerrero Cerecer, del Ayuntamiento, y Wilber Agumada Torres, de la Facultad de Veterinaria, evaluaron a los perros y coincidieron en la urgencia de intervención médica y rehabilitación integral.
El Ayuntamiento de Ensenada se comprometió a brindar apoyo total con personal especializado, medicinas y rehabilitación, además de buscar la reubicación de los perros en hogares responsables o refugios certificados, garantizando seguimiento veterinario y condiciones dignas.
Las autoridades señalaron la necesidad urgente de establecer mayores controles y regulaciones para refugios y rescatistas independientes. “Este caso es un llamado de atención, no se puede tolerar que, bajo el pretexto del rescate, se termine provocando sufrimiento a los animales”, declararon los veterinarios participantes.
La Fiscalía reafirmó su compromiso de aplicar la ley en casos de crueldad animal y llamó a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier situación de maltrato o abandono a través de los canales oficiales.
Este caso no solo deja al descubierto la fragilidad del sistema de protección animal en el estado, sino que refuerza la urgencia de trabajar de forma coordinada por una cultura de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
