La propuesta contempla una exención temporal de determinados derechos y contribuciones municipales para reducir las barreras económicas que enfrentan familias que buscan regularizar los terrenos donde han construido sus viviendas.
La presidenta municipal de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, participó vía Zoom en la presentación de esta iniciativa ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, donde fue aceptada y turnada para su revisión y análisis, como parte del procedimiento legislativo previo a su eventual presentación ante el Pleno.
La propuesta plantea establecer una exención temporal del 100 por ciento de determinados derechos y contribuciones municipales relacionados con la regularización territorial de vivienda social y el acceso a servicios básicos.
El objetivo es facilitar que familias de San Quintín, particularmente personas trabajadoras agrícolas y pertenecientes a pueblos originarios, puedan concluir los procesos de regularización de los terrenos donde han construido su patrimonio y obtener certeza jurídica sobre sus viviendas.
La iniciativa contempla criterios específicos para garantizar que el beneficio sea social y focalizado. Estaría dirigida a residentes de San Quintín, exclusivamente para predios de uso habitacional de hasta 500 metros cuadrados, dentro de los parámetros de valor establecidos y limitada a un solo predio por persona beneficiaria.
Además, las personas interesadas deberán acreditar su incorporación formal a un procedimiento de regularización ante las instituciones competentes, así como encontrarse dentro de las acciones, programas o proyectos derivados del Plan de Justicia para las Personas Trabajadoras Agrícolas de San Quintín.
La propuesta no contempla una condonación generalizada ni la entrega de terrenos, tampoco elimina los requisitos técnicos, jurídicos, ambientales, urbanos o de protección civil. Cada expediente deberá cumplir con la normatividad vigente y ser validado por las instancias correspondientes.
La regularización de los predios también permitiría generar condiciones jurídicas para avanzar en la introducción de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, drenaje y alumbrado, además de favorecer una mejor planeación y ordenamiento de las comunidades.
Aunque la medida representaría una disminución temporal de determinados ingresos municipales, se prevé que los beneficios puedan reflejarse a mediano y largo plazo, debido a que los terrenos regularizados podrán incorporarse formalmente al padrón catastral, obtener una clave catastral y posteriormente contribuir mediante el impuesto predial y otros derechos municipales.
