El Ayuntamiento intenta denunciar daños y bloqueos, pero la Fiscalía vuelve a cerrar la puerta mientras se agrava la crisis administrativa y financiera.
El Primer Ayuntamiento de San Quintín acudió nuevamente a la Fiscalía General del Estado de Baja California para intentar presentar una denuncia por el impedimento de acceso a instalaciones públicas, daños materiales y afectaciones operativas derivadas de manifestaciones, sin lograr que su querella fuera recibida por segunda ocasión consecutiva.
Autoridades municipales manifestaron su preocupación ante la negativa reiterada de la Fiscalía, al advertir que esta omisión vulnera el estado de derecho, debilita la institucionalidad y deja al gobierno local en una situación de riesgo legal frente a la ciudadanía.
Carlos Andrés Sánchez Luna, director de Asuntos Jurídicos, informó que la denuncia se presenta contra quien resulte responsable, con el objetivo de que el Ministerio Público investigue los hechos, mientras el Ayuntamiento intenta cumplir con el debido proceso y evitar responsabilidades por omisión.
El funcionario detalló que los hechos incluyen bloqueos al ingreso del personal, cambios de chapas, daños en oficinas y restricciones para realizar trámites y pagos, provocando afectaciones directas en el funcionamiento cotidiano del gobierno municipal.
Precisó que áreas como Seguridad Pública, Servicios Públicos y Administración Urbana ya registran impactos operativos, además de retrasos en permisos, liberación de vehículos y atención a contribuyentes.
Advirtió que la falta de recaudación comienza a reflejarse en dificultades para cubrir pagos a proveedores, compromisos operativos y obligaciones laborales, un escenario que golpea directamente a la población.
Sánchez Luna señaló que la instrucción institucional es documentar cada hecho y agotar las vías legales, ya que la inacción podría derivar en sanciones contra servidores públicos, razón por la cual se insiste en formalizar las denuncias.
Agregó que existen reportes sobre accesos abiertos durante la noche, posibles pérdidas de documentos y difusión de material en redes sociales, información que también fue canalizada a sindicatura como parte de los reportes internos.
Recordó que, durante una visita reciente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que no habría acciones contra manifestantes, sin embargo, el Ayuntamiento sostuvo que su presencia ante la Fiscalía responde únicamente al cumplimiento de sus obligaciones legales.
Este nuevo episodio evidencia una crisis institucional persistente, donde la falta de respuestas claras, la parálisis administrativa y el vacío de autoridad continúan perjudicando a la ciudadanía, que sigue pagando las consecuencias de un conflicto sin solución.
