Es una investigación federal que lo vincula con redes de tráfico de hidrocarburos, armas y presunta colaboración con el crimen organizado.
El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, propietario del 50 por ciento de Miss Universo, se encuentra en el centro de una investigación federal que lo vincula con redes de tráfico de hidrocarburos, armas y presunta colaboración con el crimen organizado, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra y él respondió acogiéndose al programa de testigos protegidos.
La revelación fue dada a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió en su cuenta de X que el dueño de Miss Universo ingresó al programa de testigos colaboradores después de que el propio gobierno federal solicitara su captura por presunto huachicol y suministro de armas a células del narcotráfico.
Lo expuesto por Loret coincide con lo publicado por el diario Reforma, que detalló la apertura de la causa penal 495/2025 el pasado 15 de noviembre, la FGR investiga a Rocha Cantú por delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y comercio ilegal de hidrocarburos, delitos por los cuales ya fue reconocido oficialmente como testigo colaborador el 19 de noviembre.
De acuerdo con la indagatoria, la red encabezada por el empresario habría operado un esquema transnacional de robo y traslado de combustible desde Guatemala para abastecer a organizaciones criminales mexicanas, además de facilitar armamento a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra en Veracruz.
El expediente señala que la estructura operaba a través de centros logísticos ubicados en Querétaro, uno de ellos la bodega “La Espuela”, dentro del complejo Ferropolymers, donde llegaban carro tanques con combustible de procedencia ilícita o importado clandestinamente desde Guatemala, el producto era mezclado con aditivos como MTBE y nafta en otro punto llamado “El Patio”, con el fin de mejorar su apariencia y calidad.
El combustible adulterado terminaba distribuyéndose a empresas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA, con facturas emitidas por compañías fachada entre las que destacan Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH, según el reporte, toda la documentación era fabricada para simular operaciones legales y evadir controles fiscales y aduanales.
La investigación también apunta al uso de empresas de seguridad privada para la adquisición, traslado y rematriculación ilegal de armas de fuego, entre ellas SEGURIMEX, SETER, Servicios Especializados de Investigación y Custodia, Servicios Integrales Valbon y Dinámica Seguridad Privada Consultores, compañías que, según el expediente, intercambiaban armamento con la participación de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El documento cita que la empresa SETER fue empleada para abastecer de armas al Grupo Sombra en Veracruz y a células del Cártel del Golfo en Tamaulipas, entre ellas las dirigidas por “El Cape”, “El Loco” y “El M”, incluso se detalla el uso de registros oficiales de la SEDENA para rematricular armas y darles apariencia legal, cerrando así un esquema complejo que mezcla delincuencia organizada, corrupción y una red empresarial extendida.
