Tres drones cargados con explosivos caseros fueron lanzados la noche del miércoles 15 de octubre contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la delegación Playas de Tijuana.
La violencia en Baja California alcanzó un nuevo nivel, tres drones cargados con explosivos caseros fueron lanzados la noche del miércoles 15 de octubre contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la delegación Playas de Tijuana, en lo que autoridades calificaron como un acto de terrorismo sin precedentes en la entidad.
El ataque ocurrió poco después de las 19:00 horas, cuando los artefactos sobrevolaron la colonia Sección Jardines y descendieron a menos de tres metros de altura para dejar caer las bombas improvisadas, la detonación de clavos, balines y fragmentos metálicos provocó daños en vehículos y generó pánico entre el personal de la dependencia.
“Terrorismo y lo que resulte, así se va a investigar”, confirmó la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, quien reveló que el ataque podría estar relacionado con los incendios registrados en dos inmuebles de la Fiscalía en septiembre.
Según las primeras investigaciones, los explosivos eran artefactos hechizos, botellas plásticas rellenas con pólvora, metales y balines, diseñadas para detonar al impactar el suelo. “No es una bomba molotov, pero puede causar graves lesiones por la expansión de los fragmentos”, detalló el fiscal especializado en homicidios, Miguel Ángel Gaxiola, quien añadió que el dron soltó el artefacto y se retiró segundos después.
El estallido provocó daños en cuatro vehículos, tres particulares y uno oficial, aunque no se reportaron personas heridas, de inmediato, se activó un operativo de emergencia: filtros policiales fueron instalados en accesos a Playas de Tijuana y Rosarito, mientras se reforzó la seguridad en el C5 y demás instalaciones estratégicas.
Durante el levantamiento de evidencias, se escucharon disparos en la zona, lo que generó confusión. Andrade aclaró que los tiros no provinieron de los agresores, sino de elementos de seguridad que respondieron ante la presencia de otro dron, “fue una reacción de defensa, en ese momento se desconocía si había más artefactos o agresores”, explicó.
La fiscal señaló que los ataques podrían ser una represalia del crimen organizado por los cateos y detenciones recientes. “Llevamos más de dos mil cateos de enero a la fecha, hemos tocado intereses fuertes y eso genera estas reacciones”, sostuvo.
Una de las líneas de investigación apunta a la detención de un presunto extorsionador en la misma sede de Playas de Tijuana, ocurrida días antes del ataque, “era un caso de alto riesgo, y podría tener relación con lo sucedido”, añadió Andrade.
Pese a la gravedad del hecho, la fiscal aseguró que cuentan con tecnología para rastrear el origen del ataque y que no quedará impune, “en eventos anteriores ya hubo detenidos, tenemos los medios para seguir las trayectorias de vuelo y las señales de control de los drones”, afirmó.
El atentado marca un precedente histórico en Baja California, nunca antes un grupo criminal había utilizado drones explosivos contra una dependencia del gobierno, ante ello, las autoridades evalúan solicitar mayores restricciones al espacio aéreo y reforzar la vigilancia ante cualquier sobrevuelo sospechoso, en una zona donde incluso es común la presencia de aeronaves recreativas y helicópteros norteamericanos.
Lo que parecía un ataque de película, hoy es una alerta real de terrorismo en Tijuana, y un mensaje claro de que la delincuencia está dispuesta a escalar su ofensiva contra el Estado.
