Esta herramienta administrativa llamada Protocolo, crea una serie de mecanismos de control previo y operativo, que podrían, en la práctica, limitar o condicionar el ejercicio libre de la protesta social.

A partir del 26 de julio entró en vigor el Protocolo de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas en Baja California, un instrumento normativo emitido directamente por el Gobierno del Estado sin pasar por el Congreso local, y que ha generado inquietud entre organizaciones civiles por su posible uso para vigilar, contener o disuadir manifestaciones públicas.