En una movida histórica, Japón le ha dicho a Google: “¡Basta!”. La Comisión de Comercio Justo del país ordenó a la gigante tecnológica poner fin a ciertas prácticas consideradas anticompetitivas dentro del ecosistema Android. ¿La razón? Proteger la diversidad de opciones en nuestros teléfonos inteligentes.

Durante años, Google habría hecho acuerdos con fabricantes de móviles para que, a cambio de una tajada en los ingresos por publicidad, preinstalaran sus servicios —como el buscador y el navegador Chrome— en lugares privilegiados, como la pantalla de inicio. Esto, según las autoridades japonesas, limitaba seriamente la visibilidad de otras aplicaciones y sofocaba la competencia.

La orden no solo pide a Google dejar de imponer estas condiciones, sino también modificar sus contratos y permitir que los fabricantes tengan más libertad para decidir qué aplicaciones incluir en sus dispositivos. Y por si fuera poco, un tercero independiente vigilará el cumplimiento de estas nuevas reglas… durante cinco años.

Google, por su parte, se defiende. Dice que sus acuerdos ayudan a mantener los dispositivos asequibles y fomentan la innovación. Pero Japón no está solo: esta medida se suma a una tendencia global donde más países miran con lupa a las grandes tecnológicas.

Lo que está en juego no es poca cosa: se trata de quién controla la puerta de entrada a la información que consultamos todos los días. Y aunque no lo veamos, esa pelea se libra, literalmente, en la palma de nuestra mano.